La gran contradicción de una política agraria que obliga a retirar 188.000 toneladas de aceite español mientras mantiene abiertas las puertas a sus competidores.

Una vez más, el Gobierno pretende solucionar los problemas de nuestra agricultura con medidas que, lejos de atacar sus verdaderas causas, pueden terminar agravándolos.

En esta ocasión le ha tocado al aceite de oliva.

El pasado 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se obliga a las almazaras españolas a retirar del mercado el 12 % de su producción de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027, manteniéndolo almacenado hasta el 30 de septiembre del próximo año.

Estamos hablando de aproximadamente 188.000 toneladas de aceite español que no podrán comercializarse durante ese periodo.

¿La justificación? Evitar que una cosecha abundante provoque una caída de los precios y, con ello, proteger la rentabilidad de nuestros olivicultores.

En principio, podría parecer una medida razonable. Si existe demasiado aceite en el mercado, se retira una parte y así se evita que los precios se hundan.

Pero ¿es realmente tan sencillo?

Porque hay algo que parece habérsele olvidado al Ministerio de Agricultura: España no tiene un mercado cerrado. Desgraciadamente las políticas de Libre Comercio de la UE han abierto nuestro mercado, de modo que los no socios entran sus productos libremente pero sin cumplir las exigentes normas del club ni contribuir a su mantenimiento. Nuestro mercado es toda la Unión Europea y en él también se comercializan aceites procedentes de terceros países, fundamentalmente Túnez y Marruecos.

Por tanto, la pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirve obligar a nuestros agricultores a retirar su producción si las empresas envasadoras pueden continuar comprando aceite extranjero para sustituirla?

¿Estamos regulando el mercado para proteger al agricultor español o estamos facilitando que otros países ocupen su lugar?

CUANDO EL ESTADO COMPRABA EL ACEITE Y REGULABA EL MERCADO

Algunos recordarán que esto de almacenar aceite para regular los precios no es ninguna novedad.

Durante el régimen de Franco ya existía un sistema de almacenes reguladores que permitía intervenir cuando había exceso de producción y también cuando se producían situaciones de escasez.

En 1943 se autorizó la construcción de una red de almacenes reguladores vinculada al Sindicato Nacional del Olivo. El primero de ellos se inauguró en Lucena, Córdoba, en 1948, y durante los años siguientes se desarrolló una importante infraestructura de almacenamiento.

¿Y cómo funcionaba?

Cuando había una producción abundante, el Estado podía comprar aceite y retirarlo temporalmente del mercado. Cuando escaseaba, podía poner nuevamente a la venta sus existencias, procurando evitar grandes oscilaciones que perjudicaran tanto al agricultor como al consumidor.

Pero aquí encontramos la primera diferencia fundamental con lo que pretende hacerse ahora. El Estado, con Franco, compraba el aceite y, además, pagaba su almacenamiento. Ahora obliga a almacenarlo, pero no lo compra ni establece una compensación específica por ese almacenamiento.

Y no es una apreciación personal. Está documentado.

La normativa de 1964 de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes establecía precios de compra para los aceites que reunían determinadas condiciones. Para los vírgenes de hasta un grado de acidez se contemplaban 30 pesetas por kilogramo.

Además, cuando el aceite adquirido permanecía depositado en instalaciones aportadas por el vendedor, la Administración pagaba 0,05 pesetas por kilogramo y mes durante los tres primeros meses, reduciéndose posteriormente esa cantidad.

Es decir, el Estado intervenía en el mercado, pero asumía obligaciones económicas.

Aquel sistema, con sucesivas modificaciones, continuó durante la democracia y nuestra integración en la Comunidad Económica Europea, hasta que en 1998 desaparecieron las compras públicas ordinarias de intervención, sustituidas por otros mecanismos de almacenamiento.

Pero había otra diferencia, posiblemente todavía más importante.

En aquella época el comercio exterior pagaba aranceles compensatorios en frontera y el Estado disponía de mecanismos de control sobre las importaciones para proteger a sus productores.

Por tanto, retirar aceite del mercado nacional podía tener una eficacia mucho mayor sobre la oferta disponible.

Hoy ocurre justamente lo contrario: el estado interviene sobre la producción española, pero sigue permitiendo la entrada de productos extranjeros sin limitación ni pago alguno.

Y todavía cabe preguntarse quién pagará los gastos de almacenamiento, conservación y financiación de esas 188.000 toneladas. ¿El Gobierno? Este no paga nada; solo impone, pero le llamamos democracia y libertad. Los pagos los asumirán las cooperativas y las empresas obligadas a almacenar y, finalmente, no te quepa la menor duda, que terminará repercutiendo sobre los propios agricultores.

¡Magnífica manera de proteger su rentabilidad!

TÚNEZ Y MARRUECOS: NOSOTROS ALMACENAMOS Y ELLOS SIGUEN VENDIENDO

Veamos algunas cifras, porque los números permiten comprender mejor la situación.

Entre enero y julio de 2026, España importó aproximadamente 70.000 toneladas de aceite de oliva de Túnez y otras 19.000 toneladas de Marruecos.

En total, unas 89.000 toneladas procedentes exclusivamente de estos dos países en tan solo siete meses.

Pero sería un error limitar nuestro análisis a España.

No olvidemos que pertenecemos a la Unión Europea, que nuestro mercado es el de los veintisiete Estados miembros y que nuestros olivicultores tienen en Europa uno de sus principales destinos comerciales.

Pues bien, según los datos de comercio exterior de la Comisión Europea correspondientes a octubre de 2025-marzo de 2026, las importaciones comunitarias procedentes de Túnez alcanzaron aproximadamente las 98.421 toneladas y las de Marruecos las 10.312 toneladas.

Más de 108.000 toneladas procedentes de ambos países durante seis meses.

Y lo que es peor ambos países aumentan sus exportaciones cada año; lo que nosotros retrocedemos, ellos lo avanzan

Y mientras todo esto ocurre, ¿qué decide nuestro Gobierno?

Obligar a retirar del mercado nuestra propia producción.

¿No se le ha ocurrido pensar que, si disminuye temporalmente la disponibilidad de aceite español, las empresas pueden buscar otros proveedores?

¿Y no se le ha ocurrido pensar que, si esa demanda aumenta de forma continuada, estamos ofreciendo oportunidades comerciales a nuestros competidores e incluso incentivando futuras inversiones productivas en aquellos países?

Lo verdaderamente preocupante es que podemos terminar perdiendo clientes mientras mantenemos nuestro aceite inmovilizado.

Y recuperar un mercado perdido no siempre resulta tan sencillo como volver a poner en circulación unas toneladas almacenadas.

LAS MEZCLAS: CUANDO NUESTRO ACEITE PIERDE SU IDENTIDAD

Pero las consecuencias de esta política no terminan en el precio.

Existe otro problema del que se habla muy poco y que afecta directamente a la excelencia de nuestro aceite: las mezclas realizadas por las grandes empresas envasadoras.

España tiene unas condiciones privilegiadas para producir aceites de oliva de extraordinaria calidad. Disponemos de numerosas variedades, territorios con características singulares y una larga tradición olivarera que nos ha permitido alcanzar un prestigio internacional indiscutible. 

Además cumplimos una exigente normativa comunitaria, que no cumplen los aceites extracomunitarios

Sin embargo, la legislación europea permite mezclar aceites de distintos países, incluidos los procedentes de Túnez y Marruecos.

Y no crean que esta posibilidad afecta únicamente a los aceites refinados que encontramos en los supermercados con las denominaciones comerciales de suaves o intensos.

También un aceite de oliva virgen extra puede estar compuesto por una mezcla de aceites españoles y extracomunitarios, siempre que el producto resultante cumpla los requisitos exigidos para esa categoría.

Cuando un aceite español de excelentes características se mezcla con otros de distinto origen, puede perder parte de sus atributos diferenciales, de su personalidad y, sobre todo, de su identificación ante el consumidor.

¿Y qué ocurre con el etiquetado?

El Reglamento europeo 2022/2104 permite que un aceite virgen extra elaborado con aceites comunitarios y extracomunitarios se identifique sencillamente como una mezcla de aceites originarios de la Unión Europea y no originarios de ella, sin necesidad de especificar obligatoriamente todos los países que intervienen ni el porcentaje de cada uno.

De esta forma, el consumidor puede comprar una botella envasada en España sin conocer exactamente cuánto aceite procede de nuestros olivares y cuánto de terceros países. ¿Es esta la manera de proteger y promocionar la excelencia de nuestra producción? ¿Para qué queremos producir aceites extraordinarios si después permitimos que pierdan su identidad en mezclas internacionales cuya composición geográfica se le oculta al consumidor?

Y todavía más importante: ¿quién obtiene el valor añadido de esas operaciones? ¿El agricultor: que cuida los olivos, soporta los costes y asume los riesgos de la cosecha, o la gran empresa: que compra, mezcla, envasa y comercializa?

Y aquí encontramos otra de las incomprensibles contradicciones de nuestra legislación europea. Si comercializamos naranjas frescas, los lineales estan obligados por ley a identificar su país de origen y, en un mismo envase de naranjas, estas deben proceder del mismo país. No podemos mezclar indiscriminadamente naranjas españolas con sudafricanas y ocultar su procedencia. Sin embargo, cuando hablamos de aceite de oliva, no solamente se permite mezclar aceites españoles con otros procedentes de Túnez, Marruecos o cualquier país extracomunitario, sino que además basta con indicar en la etiqueta que se trata de una «mezcla de aceites originarios de la Unión Europea y no originarios de la Unión Europea».

¿Alguien puede explicarme por qué exigimos identificar el país de origen de una naranja y, sin embargo, cuando esa producción se transforma en aceite, permitimos que desaparezca la identidad de los países productores detrás de una denominación tan genérica?

¿No tiene el consumidor derecho a saber qué está comprando? ¿No tiene nuestro aceite, que tanto prestigio ha conseguido por su excelencia, derecho a conservar su identidad?

¿O es que la transparencia sobre el origen de nuestros alimentos deja de ser importante cuando entran en juego los intereses comerciales de las grandes envasadoras?

UN PROBLEMA QUE PODEMOS ESTAR TRASLADANDO A LA SIGUIENTE CAMPAÑA

Pero volvamos al almacenamiento obligatorio. ¿Qué sucederá cuando llegue la próxima cosecha? Porque el aceite que ahora pretendemos retirar no desaparece. Continúa almacenado y tendrá que volver al mercado.

Imaginemos que durante la próxima primavera disfrutamos de buenas lluvias, una floración abundante y un buen cuajado de la aceituna. Magnífico para nuestros olivares. Pero ¿qué ocurrirá entonces con las 188.000 toneladas que hemos mantenido almacenadas?

Podríamos encontrarnos con una nueva cosecha abundante, a la que habría que añadir las existencias retenidas de la campaña anterior, mientras siguen llegando importaciones. Es decir, podemos estar trasladando el problema de una campaña a la siguiente.

¿Y si ocurre lo contrario, si llega una nueva sequía y tenemos una cosecha escasa? Es muy posible que en este caso los precios se mantengan más elevados. Pero no nos engañemos: el agricultor no vive solamente del precio al que vende su aceite. Vive de multiplicar ese precio por los kilos que produce y descontar todos los gastos necesarios para obtenerlos.

Si produce mucho menos, a pesar de la subida de precio, terminará ganando mucho menos.

Por tanto, ni una buena cosecha futura ni una mala, garantizan que esta retirada obligatoria vaya a solucionar los problemas de rentabilidad del olivar.

¿Y LAS SALVAGUARDIAS? ¿PARA QUÉ EXISTEN SI NO LAS UTILIZAMOS?

Llegamos ahora a una cuestión que considero fundamental. Los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Túnez y Marruecos contemplan mecanismos de salvaguardia para situaciones en las que determinadas importaciones ocasionen o amenacen con ocasionar perjuicios graves o perturbaciones importantes en el mercado.

Además, los artículos 194 y 195 del Reglamento europeo 1308/2013 permiten adoptar determinadas medidas de protección comercial y suspender el régimen de perfeccionamiento activo cuando concurran las circunstancias legalmente exigidas.

¿Y qué es ese perfeccionamiento activo?

Un procedimiento aduanero mediante el cual una empresa española puede introducir aceite extranjero sin pagar inicialmente aranceles, realizar operaciones autorizadas de transformación o acondicionamiento y posteriormente reexportarlo fuera de la Unión Europea.

Esto permite que las empresas envasadoras utilicen aceite importado en sus negocios internacionales, en lugar de adquirir necesariamente nuestra producción.

Y lo verdaderamente interesante es que la propia Junta de Andalucía solicitó el pasado 2 de septiembre al Ministerio de Agricultura que pidiera a Bruselas la suspensión del perfeccionamiento activo del aceite de oliva.

Según los datos aportados por la Junta, el 76,3 % de las importaciones españolas de aceite tunecino entre enero y abril de 2026 se acogieron a ese régimen.

¿Y qué respuesta ha dado el Ministerio? ¿Ha solicitado formalmente su suspensión? ¿Ha planteado activar las salvaguardias de los acuerdos comerciales? ¿Ha estudiado los efectos de las importaciones sobre nuestro mercado?

No, no ha hecho nada de esto. En su lugar ha aprobado una retirada obligatoria de nuestra propia producción.

¿Por qué el Gobierno actúa sobre el aceite español antes de actuar sobre las importaciones?

EL MINISTRO PLANAS DICE QUE CERRAR FRONTERAS ES UN INMENSO ERROR

Y aquí encontramos la contradicción política más significativa.

El pasado 13 de septiembre, el ministro de Agricultura, Luis Planas, declaraba en una entrevista concedida a EFE Agro que proponer cerrar las fronteras en el ámbito agroalimentario era «un inmenso error».

Justificaba su posición recordando que somos un país exportador y por tanto, si no queremos que nos limiten, nosotros tampoco tenemos que limitar; tenemos que apostar por ese comercio internacional libre. 

Pero, señor ministro, ¿desde cuándo vender en tu propio mercado es exportar? España vende el 95% de su producción agrícola en el Mercado europeo, incluida la propia España.

Cierto es que justo el aceite tiene un mayor porcentaje de exportación. El 29% de nuestra producción se destina a países extracomunitarios como EEUU, Gran Bretaña, China, Japón y Australia. En donde, a pesar de no ser productores de aceite, nos cobran aranceles compensatorios. Especialmente donde más exportamos (EEUU), pagamos un arancel de 10% 

Por tanto señor ministro, nosotros qué somos productores de aceite y exportadores de aceite, no tiene ningún sentido que dejemos entrar aceite extranjero sin protegernos con aranceles compensatorios.

La cuestión no es cuántos miles de millones exporta España en su conjunto, sino qué rentabilidad obtienen nuestros agricultores y ganaderos y si las condiciones comerciales les permiten continuar con sus explotaciones.

Y aquí es donde aparece el verdadero problema.

Hemos sustituido progresivamente una política agraria basada en proteger la producción comunitaria por otra en la que los acuerdos comerciales permiten aumentar nuestra dependencia de terceros países, mientras exigimos a nuestros productores que soporten nuevas restricciones y costes.

LA PREFERENCIA COMUNITARIA: LA SOLUCIÓN QUE NO SE QUIERE AFRONTAR

La Política Agrícola Común se construyó sobre unos principios fundamentales desarrollados desde la Conferencia de Stresa de 1958: Unidad de Mercado, Solidaridad Financiera y Preferencia Comunitaria.

¿Y en qué consistía esta última?

En otorgar prioridad a la producción de los Estados miembros dentro del mercado comunitario, utilizando los instrumentos comerciales necesarios para cumplir los objetivos de la PAC.

No era un capricho proteccionista. Se trataba de garantizar una renta digna a los agricultores, estabilizar los mercados, asegurar los abastecimientos y ofrecer precios razonables a los consumidores.

Precisamente los objetivos que continúan figurando en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sin embargo, mientras esos objetivos permanecen escritos en nuestros tratados, la política comercial ha ido reduciendo la protección efectiva que originalmente pretendía ofrecerse a los productores comunitarios.

Por eso, desde la Asociación del Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles, ALIVE, hemos presentado una petición ante el Parlamento Europeo para que la Preferencia Comunitaria recupere un carácter jurídico efectivo.

Porque no basta con hablar permanentemente de soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria es el objetivo. La Preferencia Comunitaria es el instrumento político y jurídico que defendemos para alcanzarlo.

Y eso significa establecer aranceles cuando corresponda, regular contingentes, activar salvaguardias cuando existan motivos suficientes y garantizar que nuestra producción tenga prioridad efectiva en nuestro propio mercado.

No se trata de cerrar indiscriminadamente las fronteras. Se trata de que las importaciones complementen nuestra capacidad productiva en lugar de desplazarla cuando podemos abastecer el mercado con nuestros propios productos.

¿Conocen ustedes algún club donde sus socios paguen por pertenecer a él y después tengan menos ventajas que quienes no son socios?

Pues esa es la contradicción que debemos corregir.

CONCLUSIÓN: RETIRAMOS NUESTRO ACEITE, PERO NO EL DE NUESTROS COMPETIDORES

Estamos ante una decisión que resume perfectamente los problemas de la política agraria actual.

El Gobierno obliga a retirar aproximadamente 188.000 toneladas de aceite español, pero no establece una compra pública que garantice ingresos al productor ni una compensación específica por el almacenamiento.

Las envasadoras pueden continuar comprando aceite procedente de terceros países, una parte de nuestro aceite puede perder su identidad en mezclas internacionales y no consta que se hayan activado salvaguardias comerciales específicas frente a las importaciones que nos preocupan.

Y cuando llegue la próxima campaña, el aceite almacenado seguirá existiendo.

¿De verdad alguien puede garantizar que esta operación va a mejorar la rentabilidad de nuestros olivicultores?

Las medidas de almacenamiento pueden resultar útiles en determinadas condiciones. Pero si permitimos que el hueco dejado por nuestra producción lo ocupen nuestros competidores, corremos el riesgo de reducir considerablemente su eficacia e incluso de perjudicar nuestras oportunidades comerciales futuras.

No podemos continuar aplicando parches para intentar solucionar los desequilibrios provocados por decisiones políticas que nadie parece dispuesto a revisar.

El problema no es solamente cuánto aceite producimos. El problema es qué mercado estamos dejando a nuestros productores.

Por eso nuestra conclusión es clara:

SIN PREFERENCIA COMUNITARIA, LA RETIRADA DE ACEITE ESPAÑOL DEL MERCADO NO PUEDE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE NUESTROS OLIVICULTORES.

Y si verdaderamente queremos recuperar la rentabilidad de nuestra agricultura, tendremos que empezar por cambiar las leyes y las políticas comerciales que condicionan su futuro.

PREFERENCIA COMUNITARIA. LO NUESTRO, EN NUESTRO MERCADO, PRIMERO.

 

Imagen: IA