El 29 de octubre de 2024, la Gota Fría que arrasó la provincia de Valencia no fue solo una tragedia meteorológica: fue la demostración de que las mismas políticas de falso medioambientalismo que ahogan a la agricultura española también pueden costar vidas humanas. 

La agricultura es verde porque produce vida. La ideología “verde” mal entendida, aliada al falso animalismo, está produciendo justo lo contrario: abandono del territorio, destrucción del sector primario, demolición de infraestructuras útiles… y, como ha quedado dolorosamente claro, aumenta el riesgo de que una lluvia extrema se convierta en catástrofe o que un incendio en verano sea inapagable.

La responsabilidad de lo sucedido alcanza a todas las administraciones:

• obras hidráulicas nunca ejecutadas: responsabilidad de Gobierno de turno y MITECO
• cauces mal mantenidos: responsabilidad de leyes verdes y Confederación Hidrografica del Jucar (en adelante CHJ)
• alerta de aviso a la población tardía (se envió a las 20:11 cuando gran parte de las victimas ya se habían ahogado): responsabilidad del CECOPI
• apertura de presas sin aviso previo a las poblaciones: Responsabilidad de CHJ y Delegación del Gobierno.
• No se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, para la toma de decisiones a nivel nacional: Responsabilidad del Presidente del Gobierno
• y a la decisión política de no declarar la Emergencia Nacional que habría activado de verdad a todo el Estado: Responsabilidad principal del Ministro del Interior, que de motu propio debiera de haberlo declarado y en menor medida de la Delegación de Gobierno de Valencia y del Gobierno valenciano que no lo solicitaron.

Es más fácil ser premiado tres días seguidos con el gordo de la lotería nacional que se conjunte tanto error e incompetencia.

Cierto es que no todo tiene responsabilidad penal, ¿pero dónde están las responsabilidades políticas? ¿Dónde los cambios legislativos que garanticen que esto no va a volver a suceder?

Pero, una vez más se ha politizado el dolor, y la Administración central, con todo su poder mediático y su capacidad para condicionar el relato público ha conseguido imponer su versión de los hechos. Además, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja está investigando esa gestión inmediata: quién retrasó la alerta, quién no reforzó el 112, quién no estuvo donde debía... Esa es una parte de la verdad; la que le interesa a la administración central. Pero si nos quedamos ahí, nos tragamos un relato cómodo: el del “fallo humano puntual”.

El “humo” sobre dónde estuvo el president de la Generalitat y sus indecentes esfuerzos por ocultarlo bastan para desviar la atención y evitar que llegue a la opinión pública el resto de incompetencias y maldades que rodean esta catástrofe.

Lo que sigue es un análisis demoledor basado en documentos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del Gobierno de España, de la Unión Europea y de las propias organizaciones de regantes. No hace falta inventarse nada: basta con juntar las piezas. 

1. Qué ocurrió: de la lluvia extrema al “tsunami” en la Ribera

El 29-O un temporal de intensidad descomunal descargó lluvias históricas sobre el interior de Valencia, especialmente en la cuenca alta del Magro y del Turia. La propia CHJ ha documentado el episodio en un informe técnico titulado: “EPISODIO DE LLUVIAS Y AVENIDAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2024”. (saih.chj.es)

• En Chiva se llegaron a registrar alrededor de 600–620 l/m² en 24 horas, y Turís registró185 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora y 772 l/m² en 24 horas. cifras de récord en la serie reciente.
• Según la CHJ, en la cuenca del río Magro, el embalse de Forata recibió una avenida del orden de 2.400 m³/s, mientras que en el cruce de la rambla del Poyo con la A-3 estimó caudales máximos de 3.500 m³/s 

Para evitar que la presa de Forata colapsara, se decidió evacuar un caudal que llegó a estar alrededor de 1.000 m³/s (del tamaño del Ebro medio) en un río modesto como el Magro. Es una decisión que puede ser técnicamente defendible para salvar la infraestructura, pero que transformó la crecida en un auténtico “tsunami” aguas abajo, como describen los propios afectados.

El alcalde de Algemesí ha explicado públicamente que recibió una llamada de la Delegación del Gobierno en torno a las 16:30, en la que se le dijo que estaban pendientes de fuertes aportes aguas arriba, pero que no se le indicó que diera aviso inmediato a la población ni que se fueran a abrir las compuertas con semejante caudal, y que nadie volvió a llamarle cuando se ejecutó la maniobra. (El Debate)

La alerta que llegó tarde

A la vez, la Generalitat Valenciana retrasó hasta alrededor de las 20:00 horas el envío de la alerta masiva ES-Alert a los móviles de la población, cuando buena parte de las zonas afectadas ya estaban inundadas.

La combinación de:

• lluvias extremas,
• cauces llenos de cañas y vegetación,
• un desembalse masivo,
• y una alerta tardía,

fue letal para miles de personas que se vieron atrapadas en sus casas, talleres y campos sin tiempo material de reacción.

2. Datos de lluvia, embalses y el “misterio” del Turia

El informe de la CHJ sobre el episodio ofrece datos muy detallados de Forata: nivel inicial del embalse, caudal de entrada, caudal evacuado, evolución del volumen embalsado, etc. (saih.chj.es)

Sin embargo, cuando pasamos al río Turia, la cosa cambia:

• Sí tenemos hidrogramas (gráficas de caudal) en puntos como Vilamarxant o aguas abajo en Repartiment.
• Pero no están publicados con el mismo nivel de detalle los datos de entrada y salida de caudal de aguas de embalses clave como Loriguilla, Buseo o Benagéber. (ver imagen de datos de embalses de la zona)

En esos hidrogramas del Turia se aprecia una primera ola de caudales muy elevada, del orden de 1.800 m³/s, seguida de una caída brusca y después una segunda ola que supera los 2.000 m³/s. (Universidad de Castilla-La Mancha)

Desde el punto de vista físico, una sola gran tromba de agua puede explicar una primera crecida importante. Pero una segunda ola tan potente, tras una caída tan pronunciada del caudal, resulta difícil de interpretar solo con lluvia si no se conocen exactamente las maniobras de los embalses. Y esos datos detallados, sencillamente, no se han puesto sobre la mesa con la misma transparencia que en el caso de Forata.

No se trata de afirmar que se “abrieran presas a escondidas”, sino de algo más simple y grave: en una catástrofe de esta magnitud, la información hidrológica clave debería ser pública, accesible y auditada en tiempo real. No lo fue.

3. ¿Es posible intensificar artificialmente la lluvia?

3.1. Lo que reconocen la ciencia y las leyes

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) admite desde hace años que en torno a 50 países realizan programas de modificación artificial del tiempo (weather modification), principalmente siembra de nubes para incrementar la lluvia o reducir el granizo. (World Meteorological Organization)

En España, la Ley de Aguas en su artículo 3 reconoce expresamente que la fase atmosférica del ciclo hidrológico puede ser modificada artificialmente, pero reserva esa competencia al Estado o a quien este autorice. (Ley de aguas)

Además:

• La propia UE financia proyectos de investigación, vía CORDIS ( proyectos de investigación y desarrollo de la Unión Europea (UE)), sobre técnicas de láser para inducir condensación en nubes. (CORDIS)
• Hay literatura científica sobre el uso de yoduro de plata y otros núcleos de condensación para sembrar nubes y aumentar la precipitación. (Taylor & Francis Online)

Es decir: no estamos hablando de ciencia ficción. La modificación de la lluvia es técnicamente posible y está regulada.

3.2. Ejemplos internacionales: de Dubái a Marruecos o São Paulo

• Emiratos Árabes Unidos tiene un programa operativo de siembra de nubes desde hace años. En abril de 2024, una DANA dejó en la región más de un año de lluvia en un solo día, provocando inundaciones históricas. (RMetS)
• Marruecos ha intensificado recientemente sus programas de siembra de nubes, lo que ha despertado preocupación en España sobre efectos colaterales en Ceuta, Melilla y el sur peninsular. (Morocco World News)
• En São Paulo, empresas y autoridades han utilizado técnicas de siembra para evitar lluvia durante el carnaval, algo que se ha publicitado incluso en campañas de marca. (fabnews.live)

También existe un precedente histórico bélico: la Operación Popeye, en la guerra de Vietnam, donde EE. UU. empleó siembra de nubes para prolongar el monzón y dificultar los movimientos del enemigo. A raíz de aquello, la ONU aprobó en 1976 la Convención ENMOD, que prohíbe el uso militar u hostil de la modificación ambiental, pero no su uso civil. (Popeye) (ENMOD)

3.3. Valencia 2024: ¿hubo manipulación? No lo sabemos… y probablemente nunca lo sabremos

Con todo esto, es científicamente posible intensificar la lluvia en una zona con condiciones favorables. Pero otra cosa muy distinta es probar que:

1. Se haya hecho en un lugar concreto.
2. Se haya tenido la capacidad de generar un “tren de tormentas” tan extremo como el de Valencia.

La estadística histórica muestra que en la cuenca del Turia y alrededores se han producido episodios catastróficos de lluvias torrenciales con una cierta regularidad secular (aproximadamente, varios por siglo). (CEV)

Por tanto:

• Es posible en teoría que una DANA natural sea intensificada mediante siembra de nubes u otras técnicas.
• Es imposible, con los datos disponibles hoy, demostrar que en Valencia se hizo algo así.

Lo que sí es indiscutible es otra cosa: aunque la lluvia fuera 100% natural, la catástrofe humana y material fue 100% amplificada por decisiones políticas, legales e hidráulicas. Ahí es donde la crítica debe ser implacable.

4. Las responsabilidades que no investiga la juez: cauces sucios, presas sin construir y leyes que desprotegen

La instrucción judicial se centra sobre todo en la gestión inmediata de la emergencia (alertas, decisiones de autoridades concretas, etc.). Pero hay tres bloques de responsabilidad estructural que, en gran medida, quedan fuera del foco judicial:

1. La falta crónica de limpieza de cauces.
2. La no construcción de obras hidráulicas previstas.
3. La decisión de no declarar la emergencia de interés nacional.

4.1. Cauces llenos de cañas… en nombre de la “restauración”

El día de autos, los cauces de barrancos y ríos se encontraban taponados por enormes masas de cañares y vegetación salvaje que ralentizaban el drenaje y provocaban que el agua se fuera acumulando cada vez más. Esa acumulación acabó abriéndose camino a golpes, arrancando las cañas, que al llegar a los puentes taponaban los ojos de los mismos y provocaban el desbordamiento de barrancos y ríos.

En las poblaciones, la vegetación arrancada, junto a la acumulación de vehículos arrastrados, construía diques que hacían subir el nivel de las aguas y, al romperse, generaban olas mortales. Es decir: la falta de limpieza de barrancos y ríos agrandó la catástrofe.

¿Quién tiene la competencia de mantener limpios los cauces de los ríos y barrancos? Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), es el organismo de cuenca pertinente, que en el caso que nos ocupa es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Pero los cauces ni estaban limpios el día de la riada, ni lo están ahora, ni lo estarán nunca si no cambia la legislación. Las mismas leyes de falso “verde” que arruinan a la agricultura, las mismas que han llenado nuestros montes de maleza y hacen que los incendios sean inapagables, son las que hoy dificultan la limpieza de barrancos y ríos. Con la excusa de conservar una vegetación de ribera “natural”, nuestros cauces están en un estado prácticamente salvaje.

La principal norma –que no la única– que en la práctica está detrás de este cambio de paradigma es la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE (Reglamento de Restauración de la Naturaleza). Como su propio nombre indica, su propósito declarado no es tanto conservar el estado actual como restaurar la naturaleza, y en la práctica esto se está traduciendo en dejar que esa vegetación crezca sin apenas intervención humana, incluso en tramos donde hay personas y bienes en riesgo. (Eur-Lex)

Sobre el papel suena bien: devolver a los ríos su dinámica natural. Pero en la práctica, esa lógica se ha traducido en:

• Resistencia a desbrozar cañas y vegetación invasora en los cauces, incluso cuando atraviesan zonas urbanas o agrícolas densamente pobladas.
• Reluctancia a ensanchar y perfilar cauces “a la antigua”, por miedo a “artificializar” el río.

El resultado es que los barrancos y ríos llegan a los episodios de lluvia atiborrados de cañas, matorral y sedimentos, lo que frena el drenaje, acumula flotantes y favorece el desbordamiento precisamente allí donde más daño se puede hacer: en los pueblos y en las huertas.

Nadie está pidiendo arrasar toda la vegetación de ribera. Pero sí es de sentido común:

• limpiar cañas y especies invasoras;
• asegurar secciones amplias y despejadas en pasos urbanos y zonas de riesgo;
• y considerar el mantenimiento de cauces como medida de protección civil, no como atentado ecológico.

4.2. Destruir presas mientras faltan presas: la paradoja española

También aquí tiene gran responsabilidad el citado Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que fija, entre otros objetivos, restaurar al menos 25.000 km de ríos de flujo libre de aquí a 2030, eliminando obstáculos a la conectividad. (Eur-Lex)

Sí, a las presas y a los azudes la legislación europea los denomina obstáculos; toda una declaración de intenciones.

En España, esa filosofía aterriza en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) 2022–2030, que tiene como objetivo restaurar y reconectar estructural y funcionalmente 3.000 km de ríos antes de 2030. (Mitma)

Al mismo tiempo que se frenan obras nuevas, España se ha convertido en líder europeo en demolición de presas y azudes:

• Según el informe de Dam Removal Europe, España retiró 108 obstáculos fluviales en 2021, la cifra más alta de Europa, casi la mitad del total del continente ese año. (Dam Removal Europe)
• Medios generalistas como RTVE y La Vanguardia se han felicitado por este liderazgo, subrayando que responde a la política de restaurar ríos de flujo libre. (RTVE)
• Entre 2021 y 2022, se eliminaron en España 241 barreras, y en 2023–2024 el ritmo se ha mantenido muy alto.

Paralelamente, informes recientes sobre el patrimonio hidráulico alertan de que más del 75% de las presas españolas carecen de planes de emergencia y presentan deficiencias de seguridad, por falta de mantenimiento y renovación. (El País)

La pregunta es obvia: ¿cómo vamos a invertir en nuevas obras de regulación y laminación de avenidas si el mensaje político dominante es que las presas son “obstáculos” que hay que eliminar?

4.3. El caso paradigmático del barranco del Poyo

Si hay un nombre que resume esta tragedia es el de la Rambla del Poyo. Ese cauce, que baja desde la Hoya de Buñol y atraviesa la A-3 antes de entrar en la llanura de l’Horta Sud, lleva décadas marcado en rojo en planes y estudios

• En estudios históricos sobre las inundaciones del Turia de 1957, ya se menciona el papel del barranco del Poyo como uno de los grandes colectores que agravan la inundación en la llanura sur de Valencia.
• Finales de los 90 – 2003 en la bibliografía de los planes de defensa contra avenidas del Júcar aparece ya un: “Estudio de soluciones de la Rambla del Poyo” elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente (1998) y actualizado por AMINSA en 2003. 
• 2004–2006 La CHJ redacta el proyecto “Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera”, donde ya se plantea: nuevo cauce de conexión con el Turia, y capacidad objetivo de unos 1.000 m³/s en el tramo bajo de la rambla.
• 2012 El BOE publica la Declaración de Impacto Ambiental favorable a ese proyecto de adecuación y drenaje de la cuenca del Poyo. Es decir, en 2012 el Estado ya había dicho oficialmente que esa obra era ambientalmente viable y necesaria.
• Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la demarcación del Júcar identifican la Rambla del Poyo como una de las actuaciones estructurales prioritarias.

El barranco del Poyo y su entorno son el ejemplo perfecto de cómo esta filosofía ha dejado desnuda a la Huerta Sur ante una DANA:

• Desde mediados de los 90 se han planteado nueve proyectos distintos para proteger la zona (canales de derivación, balsas de laminación, conexión con el Turia, etc.), todos ellos con el objetivo explícito de evitar inundaciones.
• En 2001, un proyecto clave vinculado al Plan Hidrológico Nacional, financiado en gran parte con fondos europeos, se vino abajo tras la derogación política de ese plan, perdiéndose una oportunidad que habría salido prácticamente gratis para España.
• En 2011, se aprobó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva para un proyecto de adecuación y drenaje del barranco del Poyo y la construcción de una presa en Cheste, pero la DIA se dejó caducar sin que la obra se iniciara. 
• En torno a 2020–2021, la actualización de la planificación hidrológica descarta de nuevo estas obras, alegando falta de presupuesto y consideraciones ambientales, en plena gestación de la Estrategia de Restauración de Ríos.

Todo esto mientras la propia ENRR anuncia con orgullo que España se marca como objetivo reconectar 3.000 km de ríos y destina 2.500 millones de euros a proyectos de restauración fluvial hasta 2030. (Europa Press)

Es legítimo preguntarse: ¿de verdad no había presupuesto para ejecutar las obras del Poyo que protegían a miles de personas y hectáreas de huerta, mientras se destinan miles de millones a demoler azudes y “naturalizar” cauces?

4.4. Fenacore y el agujero de 3.000 millones en obras hidráulicas

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más de 700.000 agricultores, ha cuantificado con números el abandono de la obra hidráulica:

• Solo se han ejecutado 3 de cada 10 euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos.
• Alrededor de un 29,2% de las infraestructuras hidráulicas de interés general aprobadas no se han construido.
• El déficit inversor ronda los 3.000 millones de euros.
• Hay 27 presas aprobadas en los planes hidrológicos que no se han ejecutado y que los regantes reclaman construir de inmediato. (FENACORE)

Fenacore lo dice con claridad meridiana: estas obras habrían mitigado de forma decisiva los efectos de la DANA, igual que la existencia del embalse de Forata, pese a su criticable manejo, redujo parcialmente el pico de la avenida en el Magro.

Mientras tanto, la prioridad política oficial es demoler obstáculos y “devolver los ríos a su estado natural”. Natural es también que el agua, cuando se le niega un cauce bien diseñado y unas presas de laminación, acabe entrando por la puerta de las casas.

5. Ayudas, dominio público hidráulico y pérdida de tierras

Los daños en agricultura son devastadores: Fenacore estima más de 70.000 hectáreas inundadas y unos 250 millones de euros en daños solo en infraestructuras de riego, sin contar cosechas perdidas, arbolado y suelo arrasado. (www.revistaagricultura.com)

El Gobierno respondió con un paquete de ayudas regulado por la Orden APA/383/2025, de 22–23 de abril, después modificada, que establece: (Agrodiario)

• Una compensación de 11.800 €/ha para las explotaciones situadas junto a cauces públicos que han quedado tan dañadas que pasan a formar parte del dominio público hidráulico (DPH).
• Subvenciones de entre 5.200 y 9.900 €/ha para agricultores que reparen sus parcelas con sus propios medios.

En la práctica, para el agricultor afectado significa:

• Si tu tierra pasa a ser DPH, no es una expropiación plena, sino una compensación puntual: pierdes la propiedad a cambio de una cantidad que muchas veces, el valor de mercado de la tierra, está tres veces por encima de esta cuantía, añadamos el coste emocional y productivo de perderla para siempre. (Europa Press)
• Si no pasa a DPH, recibes ayudas inferiores, que difícilmente cubren todas las pérdidas en muchos cultivos intensivos.

Si sumamos esto a que la CHJ ni siquiera ha delimitado con precisión todas las zonas de DPH en las áreas afectadas, el resultado es un cóctel perverso: el Estado primero incumple su deber de prevenir y mitigar el riesgo, y luego compra barato la tierra arruinada a quienes han sido víctimas de esa misma negligencia.

Desde un punto de vista ético, si el Estado es objetivamente responsable —por falta de obras, de mantenimiento de cauces y de gestión de la emergencia—, lo mínimo sería:

• expropiaciones a valor real de mercado, no limosnas;
• y una política clara de reubicación y compensación plena para quienes pierden su medio de vida.

6. La Emergencia Nacional que nunca se declaró

La DANA del 29 de octubre no fue tratada, ni política ni operativamente, como lo que era: una catástrofe de dimensión nacional. Legalmente, España dispone de un instrumento claro para estos casos: la emergencia de interés nacional, regulada en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Declararla habría significado que el Estado asumía la dirección superior de la emergencia, coordinando a todas las administraciones y poniendo a disposición de la población el conjunto de sus medios, civiles y militares.

Eso nunca ocurrió. El Gobierno optó por mantener la situación en un nivel autonómico reforzado, sin activar el máximo nivel de mando y coordinación en el momento crítico. Sin los medios necesarios y sin un órgano de Dirección, Mando y Control con las dimensiones y preparación adecuado que pudiera coordinarlos.

6.1. Lo que permitía la ley… y se decidió no usar

En el Artículo 28 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, define las “emergencias de interés nacional” (nivel 3), entre otros supuestos, como aquellas: (BOE)

• en las que es necesario coordinar la actuación de diferentes administraciones porque afecta a varias comunidades autónomas (en este caso, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía);
• exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico;
• o por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieren una dirección de carácter nacional.

Y en el artículo 29 de la misma ley señala claramente que la declaración del nivel 3 corresponde al ministro del Interior, por iniciativa propia o a petición de las comunidades autónomas o las Delegaciones de Gobierno. Pero la ley no exime al Gobierno de su responsabilidad si la comunidad o la delegación de gobierno no lo solicita: si la situación desborda sus capacidades, el Estado debe asumir el mando.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional establece que las Fuerzas Armadas deben “preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”, conforme a la legislación vigente. (Iberley)

Es decir: la defensa nacional no es solo cuestión de tanques y cazas; también incluye catástrofes como inundaciones, incendios o terremotos.

En ese escenario, Interior, asume la dirección de la emergencia y coordina:

• medios estatales (Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía, medios aéreos, recursos de MITECO, Sanidad, Transportes...),
• medios autonómicos y locales,
• y la relación con el resto del Sistema de Seguridad Nacional.

La DANA del 29-O cumplía de sobra esos criterios: varias comunidades afectadas, centenares de muertos, infraestructuras críticas comprometidas, recursos autonómicos desbordados. Sin embargo, el Gobierno prefirió limitarse a declarar zonas gravemente afectadas (la antigua “zona catastrófica”) y evitar la palabra incómoda: “emergencia de interés nacional”. Eso tiene una consecuencia directa: el Estado no asume formalmente el mando operativo y se refugia en la idea de que “la competencia es de las comunidades”.

6.2. ¿Hubo Consejo de Seguridad Nacional?

Ante una Emergencia de esas características debe de reunirse de urgencia el máximo órgano decisorio presidido por el propio presidente del Gobierno, y en su ausencia por la Vicepresidenta. Es aquí en donde debe decidirse la declaración de Emergencia Nacional. El lector tiene derecho a saberlo claramente:

• No hay evidencia pública de que el Consejo de Seguridad Nacional (el “Gabinete de Seguridad Nacional” en lenguaje coloquial) se reuniera de forma extraordinaria específicamente para las inundaciones del 29º de 2024 en Valencia.
• Lo que sí consta es la activación y reunión del Comité de Situación, que es el “cerebro operativo” del Sistema de Seguridad Nacional, pero que no equivale al máximo órgano político encabezado por el presidente y el rey en un Consejo formal. (El País)

Durante las inundaciones  de Valencia el llamado “comité de emergencia nacional” no se reunió en todo el día: el Gobierno no convocó el Comité de Situación hasta la noche, cuando la riada ya había arrasado l’Horta Sud, y no hay constancia de que llegara a reunirse el propio Consejo de Seguridad Nacional. No fue una cuestión de falta de herramientas legales, sino de una decisión política consciente: evitar declarar la emergencia de interés nacional y seguir presentando la catástrofe como un problema “autonómico”, aunque el país entero estuviera viendo una tragedia de escala nacional.

Dicho en plata: para un apagón eléctrico meses después sí se convocó de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional; para una catástrofe con más de doscientos muertos, no. (LaSexta)

6.3. El CENEM: la “torre de control” estatal que no se activó de verdad

Además de la Generalitat y de los comités de crisis improvisados en Moncloa, España dispone de un órgano muy concreto para coordinar grandes emergencias a nivel estatal: el CENEM, Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. El CENEM es la sala operativa 24/7 de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Allí trabaja de manera permanente personal técnico y operadores de sala que enlazan con todos los 112 autonómicos, con las Delegaciones del Gobierno y con otros organismos clave.

Cuando se declara una emergencia de interés nacional, el propio CENEM pasa a actuar como Centro de Coordinación Operativa nacional. Esto significa que:

• se integran operativamente en él los centros de emergencia autonómicos,
• se incorporan enlaces de los distintos ministerios y organismos implicados (Defensa y UME, MITECO y confederaciones hidrográficas, Interior –Guardia Civil, Policía, DGT–, Transportes, Sanidad, Departamento de Seguridad Nacional, etc.),
• y el CENEM se convierte, en la práctica, en la “torre de control” del Estado para esa catástrofe.

El 29-O, sin embargo, nunca se dio ese paso completo. No se declaró la emergencia de interés nacional y, en consecuencia, el CENEM no se utilizó como verdadero centro nacional de mando, sino como un eslabón más dentro de un mosaico de salas, comités y reuniones dispersas. Cada comunidad gestionó “su trozo” de desastre, mientras el Estado no asumió la responsabilidad de coordinarlo todo desde un único cerebro operativo.

6.4. El Cuartel General de la UME: el mando que no se quiso usar

Hay otro actor clave del que casi nadie habla: el Cuartel General de la UME (CG UME), en Torrejón de Ardoz. No es un batallón más: es el centro de mando y control diseñado precisamente para dirigir grandes emergencias en todo el territorio nacional. Desde allí el general jefe de la UME (GEJUME) dispone de un Estado Mayor, de sistemas de comunicaciones avanzados y de un Batallón de Transmisiones que le permiten ejercer el mando sobre todos los medios de la UME y los recursos militares y civiles que se le asignen.

La planificación oficial de protección civil prevé expresamente que, en una emergencia de interés nacional, el ministro del Interior pueda nombrar al general jefe de la UME como Director Operativo de la Emergencia, bajo su superior dirección política. En ese esquema, el Cuartel General de la UME se convierte en el lugar desde el cual se coordina no solo las unidades militares sino que integrado en el Sistema de Protección Civil puede coordinar a todos los medios que participen en la emergencia:

• a los batallones de intervención de la UME desplegados sobre el terreno,
• a los helicópteros y unidades de FAMET (Ejército de Tierra),
• a los medios del Ejercito de Tierra, del Aire y de la Armada puestos a su disposición
• a bomberos autonómicos y provinciales,
• a Guardia Civil, 
• a Policía Nacional, 
• a medios de MITECO, 
• a equipos de rescate extranjeros y
•  hasta los propios voluntarios de protección civil.

Todos ellos se integran en una única cadena de mando operativa, con centros de coordinación y puestos de mando avanzados, precisamente para evitar lo que ocurrió el 29-O: cada uno trabajando por libre y sin ninguna coordinación, ni dirección.

La UME dispone además de Puestos de Mando Desplegables, que pueden instalarse en la zona afectada (por ejemplo, en Bétera) y trabajar conectados al Cuartel General en Torrejón, compartiendo la misma imagen operativa en tiempo real.

Ese esquema estaba diseñado para crisis exactamente como la del 29-O:

1. Interior declara la Emergencia de Interés Nacional.
2. Se nombra al general jefe de la UME como director operativo de la emergencia.
3. El Cuartel General de la UME asume el mando operativo de todos los medios integrados en el dispositivo, en coordinación con el CENEM y el CECOPI.
4. Se articula un dispositivo masivo y coordinado de UME, FAMET, Ejército del Aire, Armada, Guardia Civil y Policía, al servicio de la población valenciana.

Nada de eso se hizo.

España tiene un Cuartel General de la UME preparado para dirigir operativamente una catástrofe de este calibre, con toda la potencia de las Fuerzas Armadas a sus órdenes… y el 29-O no se quiso utilizar como tal. En lugar de activar a pleno rendimiento el sistema de mando y control de la UME como eje operativo de una emergencia que por víctimas, extensión y gravedad era nacional, se optó por no hacer nada y esperar que el CECOPI autonómico fracasará en su intento de coordinar lo que superaba a sus dimensiones posibilidades y preparación. Lo importante era ver fracasar al rival político, lo que les ocurriera a los valencianos les dio igual. 

6.5. Un fallo de sistema, no solo de personas

La combinación es demoledora:

• No se declara la emergencia de interés nacional, pese a cumplir todos los criterios objetivos.
• No se utiliza al CENEM como auténtico centro nacional de coordinación.
• No se coloca al Cuartel General de la UME al frente de la dirección operativa militar, como prevén los planes.

Luego nos preguntamos por qué la noche del 29-O solo un helicóptero hacía rescates en la zona más castigada, y por qué en los días siguientes la sensación en la calle era de abandono, en lugar de ver al Estado entero desplegado y ordenado.

El problema no es la falta de leyes, ni la falta de medios:
es la decisión política de no apretar los interruptores que la propia ley pone encima de la mesa. Y esa decisión, que dejó infrautilizado al CENEM y al Cuartel General de la UME en la peor catástrofe civil de nuestra historia reciente, es una de las grandes responsabilidades que hoy siguen sin asumirse.

6.5. ¿Dónde estaba el Gobierno mientras la Comunitat se ahogaba?

Mientras el 112 colapsaba, la Rambla del Poyo reventaba sus umbrales y los vecinos de l’Horta Sud se subían a los tejados para no morir ahogados, el Gobierno de España no estaba precisamente en modo “máxima alerta nacional”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estaba en España. El 29 de octubre cumplía agenda oficial en India, con reuniones políticas y actos económicos en Bombay, incluida una comparecencia ante la prensa por la tarde. Desde allí publicó un mensaje en redes diciendo que seguía “con preocupación” la situación y ordenó que se reuniera un comité de crisis en La Moncloa presidido por la vicepresidenta. El primer comité de crisis de la noche del 29 no lo presidió él, porque no estaba en el país; no apareció hasta el día siguiente, cuando la catástrofe ya se había consumado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasó el día en Madrid cumpliendo una agenda política normal: reuniones por la mañana y sesión de control en el Senado por la tarde. Solo ya de noche se sentó en el comité de crisis en La Moncloa, en la sala del Departamento de Seguridad Nacional, cuando buena parte de la tragedia en Valencia ya se había producido. Lo que no hizo fue lo único que de verdad cambia el tablero: declarar ese mismo día la emergencia de interés nacional, asumir el mando y activar todos los mecanismos que la ley pone en sus manos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también estaba en Madrid. A última hora de la tarde presidía un acto solemne de presentación del crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano en el Museo Naval. Más tarde se incorporó al comité de crisis, y desde su departamento se coordinó el despliegue progresivo de la UME. Pero la imagen es elocuente: mientras la gente se ahogaba en garajes y bajos, el mismo día 29 el Ministerio de Defensa mantenía actos protocolarios como si el país no estuviera entrando en la mayor catástrofe civil de su historia reciente.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no tuvo presencia pública destacada durante el día. Según su propia versión, participó telemáticamente en el comité de crisis de la noche y llamó insistentemente a Mazón cuando vio que el CECOPI valenciano “no estaba tomando las decisiones correctas”. Pero de nuevo, hablamos de llamadas y videoconferencias, no de una presencia clara y visible del Estado asumiendo el mando ante la población afectada.

Y mientras tanto, ¿qué hacía el Congreso de los Diputados?
Al día siguiente de la riada, 30 de octubre, la Cámara Baja celebró un pleno monográfico, pero no sobre las inundaciones, ni sobre protección civil, sino sobre el Real Decreto-ley 5/2024, que reforma la Ley de RTVE para cambiar el reparto y el sistema de elección del Consejo de Administración.

Ese decreto se convalidó ese mismo día 30 con 175 votos a favor y 1 en contra, en un pleno específico convocado ex profeso, mientras PP, Vox y otros diputados se ausentaban en señal de protesta porque se mantuviera la votación en mitad de la tragedia. La sesión de control al Gobierno sí se suspendió “por luto”, pero el pleno para blindar el reparto de vocales de RTVE se mantuvo. Al día siguiente, PSOE, Sumar y sus socios registraron ya la lista cerrada de once nombres para ocupar esos asientos en el Consejo de Administración, completando el reparto de cuotas entre los partidos de la mayoría.

Mientras en la Comunitat Valenciana se seguía buscando cadáveres en garajes y barrancos, y miles de personas seguían sin luz ni agua, el mensaje político era cristalino: la prioridad del día después no fue la tragedia, ni las víctimas, ni el debate sobre la protección civil, sino asegurar el control del Consejo de RTVE y repartir sus quince sillones (once desde el Congreso y cuatro desde el Senado).

La foto de conjunto es demoledora: a un presidente autonómico de comida en el ventorro se une un presidente del gobierno fuera del país, ministros en actos rutinarios o protocolarios, un comité de crisis improvisado a última hora y un Congreso preocupado por el reparto de vocales de la radiotelevisión pública. No es solo una cuestión de agenda: es una cuestión de prioridades. Y el 29-O y el 30-O quedó claro que, para este Gobierno y para su mayoría parlamentaria, la vida y la seguridad de los valencianos no ocuparon el centro del tablero político en los días en que más falta hacía.                                   

7. Dos películas: la que fue v/s la que debiera haber sido

Como hemos visto, el Gobierno no declaró la Emergencia Nacional. Pero parece que nadie es consciente de las graves consecuencias de esta maldad,  ni el foco mediático, ni el debate público ni las investigaciones de la juez  están sobre ello. 

La intención de este relato es mostrar, de forma clara y casi visual, las consecuencias devastadoras de no haber declarado la Emergencia Nacional. Imaginemos la misma noche, el mismo cielo negro, la misma agua… pero dos películas muy distintas: la que fue y la que debió haber sido.

7.1. La noche real: un helicóptero en un mar de agua y silencio

La madrugada del 29 de octubre la AEMET eleva los avisos en el litoral mediterráneo: se prevén lluvias muy intensas en varias provincias, pero el foco inicial se sitúa más en Castellón y otras zonas que en la franja donde finalmente golpeará con mayor dureza. Aun así, la administración autonómica no mueve ficha. No costaba nada haber reunido el CECOPI de forma preventiva, por si la situación se desbordaba en cualquier punto de la costa valenciana.

Durante la mañana del 29-O se consolidan núcleos convectivos muy activos sobre el interior de Valencia (zona Chiva–Requena–Utiel). Se registran precipitaciones que acabarán superando los 600 l/m² en puntos como Chiva. A lo largo de esas horas, Utiel y Requena sufren inundaciones graves, pero la administración sigue sin reaccionar. Habrá que esperar hasta las 17:00 para que se decida activar el CECOPI, justo después de que, a las 16:28, se comunique oficialmente desde Emergencias a Presidencia que hay al menos un fallecido en Utiel. La administración central sigue sin reaccionar, no se  reúne el Consejo de Seguridad Nacional ni se declara el necesario nivel de Emergencia Nacional

También antes de que se activara el CECOPI se produce una llamada de la Delegación del Gobierno al alcalde de Algemesí para interesarse por la situación; se le advierte de posibles incrementos de caudal aguas arriba, pero no se ordena un aviso inmediato y generalizado a la población. Sobre las 18:00 se abren las compuertas de la presa de Forata sin el necesario aviso a las poblaciones de aguas abajo, provocando un auténtico tsunami que inundará Algemesí en torno a las 20:00. Los caudales del río Magro superan los 1.000 m³/s (cercano a 1.200 según distintas estimaciones).

A las 20:11 el CECOPI envía por fin el aviso ES-Alert a la población a través del 112. Para entonces, muchas poblaciones de l’Horta Sud y zonas de la Ribera ya están gravemente anegadas, y mientras unos luchan por sobrevivir, otros ya han fallecido.

Esa noche, un único helicóptero, el Helimer 203 de Salvamento Marítimo, zigzaguea en la oscuridad intentando hacer milagros: un rescate aquí, otro allá, hasta un total de 11 personas salvadas en una sola noche. La tripulación, agotada, trabaja al límite, consciente de que, allí abajo, la vida de muchos depende únicamente de ellos.

Pasada la primera noche, llega el amanecer… una imagen dantesca de destrucción y un silencio aterrador. El pueblo está solo, abandonado. ¿Dónde están los poderosos medios del Estado de un país teóricamente avanzado?

Durante los dos días siguientes reina el caos: las comunicaciones se derrumban, las líneas se saturan, hay pueblos incomunicados, alcaldes que no saben a quién dirigirse y un 112 completamente desbordado; los voluntarios acuden en tromba, un ejército de agricultores llega con sus tractores, pero cada uno hace lo que puede o quiere, sin nadie que organice; los medios pesados brillan por su ausencia; y quedan amplias zonas donde, literalmente, la población vive con la impresión de haber sido abandonada al barro y al agua durante días.

Esa es la película real: un esfuerzo heroico de pocos medios y de muchos ciudadanos, pero sin dirección nacional, sin despliegue masivo, sin la sensación de que España entera ha venido a sacar del agua a los valencianos.

7.2. La película que nunca vimos: si se hubiera declarado la Emergencia Nacional

La mañana del 29 de octubre ante los avisos de grandes trombas de agua anunciadas por la AEMET, la responsable y eficiente administración valenciana ordena reunir preventivamente el CECOPI, por si la situación se desborda en cualquier punto de la costa valenciana.

A media tarde, viendo las imágenes de radar, los datos de Forata y el colapso de la Rambla del Poyo, el eficiente Presidente del Gobierno ordena la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente el ministro del Interior firma la declaración de Emergencia de Interés Nacional (nivel 3) y nombra al general jefe de la UME como Director Operativo de la Emergencia. 

El Cuartel General de la UME alerta a todas sus unidades y comienza a dar órdenes de intervención inmediata al Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) ubicado en la Base Militar “Jaime I” de Bétera (Valencia).

Al mismo tiempo, con medios aéreos desplaza parte de su CG a la Base de Betera para convertirlo en  Puestos de Mando Avanzado, para  trabajar conectados con el Cuartel General en Torrejón, compartiendo la misma imagen operativa en tiempo real.

Tras un estudio de la situación comienzan a solicitar unidades del ejército y  medios necesarios a Defensa (Helicopteros, máquinas de ingenieros, vehículos mecanizados, transmisiones, intendencia…)

Cuartel General de la UME se convierte en el lugar desde el cual se coordina no solo las unidades militares sino que integrado en el Sistema de Protección Civil puede coordinar a todos los medios que participen en la emergencia:

• a los batallones de intervención de la UME desplegados sobre el terreno,
• a los helicópteros y unidades de FAMET (Ejército de Tierra),
• a los medios del Ejercito de Tierra, del Aire y de la Armada puestos a su disposición
• a bomberos autonómicos y provinciales,
• a Guardia Civil, 
• a Policía Nacional, 
• a medios de MITECO, 
• a equipos de rescate extranjeros y
•  hasta los propios voluntarios de protección civil.

Todos ellos se integran en una única cadena de mando operativa, con centros de coordinación y puestos de mando avanzados, precisamente para evitar lo que ocurrió el 29-O: cada uno trabajando por libre y sin ninguna coordinación, ni dirección.

Noche del 29: el cielo lleno de rotores

Con la mayor urgencia se pone a disposición de la emergencia a todos los helicópteros desplegados en la Comunidad Valenciana (23 Helicopteros): 2 Helicópteros medicalizados del SAMU; 2 de la HUEL 31 de la Guardia Civil con sede en Manises; 1 de la Policia Nacional; 6 del Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II) con sede en la Base militar de Betera y que tienen una dependencia operativa de la UME; 1 Helicóptero de Salvamento Marítimo; y 11 helicópteros de Bomberos de la Generalitat

Esa misma noche, en cuestión de horas, la escena sería otra:

• Helicopteros sobrevolando Torrent, Picanya, Paiporta, Alcàsser, Algemesí, Albal, Catarroja… continuamente.
• Tripulaciones rotando, no agotándose hasta el límite.
• No solo rescates puntuales, sino barridos sistemáticos de zonas inundadas “Este sector, techo a techo; este polígono, nave a nave; esta residencia, planta a planta”.

Y no solo para sacar gente del agua:

• Evacuación de personas enfermas o con movilidad reducida hacia hospitales y zonas seguras.
• Traslado urgente de medicamentos a centros de salud aislados.
• Lanzamiento de agua potable, mantas y comida a los puntos donde las carreteras están cortadas.

En lugar de una noche de preguntas (“¿vendrá alguien?”), sería una noche de ruido de rotores y altavoces:

“Somos la UME, somos las Fuerzas Armadas, venimos a sacaros de aquí”.

Día 30: el ejército como debería actuar en una catástrofe

El Puesto de Mando Avanzado de la UME en Betera ya está a pleno rendimiento.

Allí se sientan, juntos:

• Jefes de UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Policía Nacional,
• mandos de bomberos autonómicos y consorcios provinciales,
• responsables de 112, sanitarios, Cruz Roja, Protección Civil, etc.

Y, a partir de ese momento, ya no es: “Cada uno hace lo que puede donde puede”. Sino: “Tenemos un plan nacional para cada hora del día”.

Las Unidades y material solicitado y alertado la noche anterior van llegando a Valencia y comienzan a actuar

• Unidades de ingenieros con máquinas pesadas:
  • retroexcavadoras enormes,
  • bulldozers,
  • palas cargadoras,
  • camiones góndola.
• Vehículos anfibios y blindados ligeros capaces de cruzar zonas anegadas donde un todoterreno normal se quedaría clavado.
• Pontoneros desplegando puentes provisionales sobre tramos de carretera cortados o sobre barrancos donde el agua se ha llevado el paso.

Las imágenes serían otras:

• Carreteras llenas de vehículos militares abriendo paso, apartando coches cruzados, retirando árboles y contenedores a un lado.
• Pueblos que dejan de ser islas porque, en 24–48 horas, siempre hay una ruta practicable, aunque sea sobre un puente de pontones.

En vez de “no se puede entrar, está todo cortado”, escucharíamos: “Entramos por el sur con anfibios, salimos por el norte con góndolas, y en medio pasa el convoy de alimentos”.

Desde Marines, el Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21 despliega su material:

• Enlaces satelitales,
• repetidores móviles,
• antenas provisionales para telefonía y datos.

En cuestión de horas:

• Los ayuntamientos vuelven a tener teléfono, internet y radio funcional, aunque lo local se haya caído.
• El 112 ya no está solo recibiendo llamadas desde “donde hay cobertura”:
  • hay canales directos con cada PMA local,
  • y con los mandos de UME, ingenieros, Guardia Civil, etc.

En vez de alcaldes llamando a la nada, tendríamos: “Aquí Algemesí, aquí Silla, aquí Catarroja: necesitamos tantos vehículos, tantas ambulancias, alimentos, agua…”.

Y desde el Puesto de Mando:

“Recibido. Sale columna de refuerzo en 20 minutos, escoltada por X Guardia Civil y dos vehículos de ingenieros”.

En paralelo, las unidades de Intendencia montan:

• Cocinas de campaña capaces de dar miles de raciones calientes al día.
• Puntos de distribución de:
  • agua potable,
  • comida,
  • mantas,
  • ropa seca,
  • kits de higiene básica.

Camiones militares y de Protección Civil, coordinados, no dispersos, llegarían a:

• polideportivos habilitados como albergues,
• plazas centrales de los pueblos,
• barrios especialmente golpeados.

En vez de vecinos alimentando a vecinos durante días con lo que tienen en la despensa, veríamos: filas ordenadas; comida caliente desde el primer día; distribución racional de lo que el país entero manda para los afectados.

El voluntariado seguiría siendo clave, pero no en modo caos.

Con emergencia nacional:

• Cada grupo de voluntarios se registra en un punto de coordinación.
• Se les asigna:
  • una zona,
  • un horario,
  • un responsable militar o de Protección Civil que centraliza información y necesidades.

En lugar de tener 50 personas con pala en un sitio y nadie en otro pueblo igual o más necesitado, el mapa se gestionaría así:

“Vosotros, voluntarios de X, vais a este barrio; bomberos y UME se centran allí; ingenieros abren paso aquí; sanitarios allá”.

El resultado es que cada hora humana se multiplica por diez, porque está integrada en un plan conjunto.

7.3. Dos películas, dos países

En la película que vivimos:

• Un helicóptero solitario en la noche.
• Dos días de sensación de abandono.
• Voluntarios heroicos, pero dispersos.
• Máquinas que llegan a trompicones.
• Comunicaciones caídas.
• Un Estado que parece mirar desde lejos, con miedo a asumir el mando.

En la película que nunca se rodó —la de la Emergencia Nacional declarada— el guion habría sido otro:

• Varios helicópteros batidas la zona desde la primera noche.
• UME y Ejército desplegados como un solo cuerpo, con un Cuartel General coordinando de verdad a todos.
• Ingenieros y pontoneros abriendo caminos y levantando puentes donde los ríos partieron las carreteras.
• El Regimiento de Transmisiones 21 devolviendo voz y datos a los pueblos incomunicados.
• Intendencia poniendo platos calientes delante de quienes lo han perdido todo.
• Voluntarios no sustituyendo al Estado, sino integrados y potenciados por él.

La catástrofe sería la misma: la cantidad de lluvia, la Rambla del Poyo, Forata… todo eso no cambiaría. Lo que cambiaría —y mucho— es la respuesta del país:

• Menos horas de angustia esperando un helicóptero que no llega.
• Menos gente atrapada sin agua ni comida cuatro días.
• Menos vecinos teniendo la sensación de que, cuando más lo necesitaban, España entera no apareció.

Eso es, en el fondo, lo que significa no haber declarado una Emergencia Nacional cuando tocaba: renunciar irresponsable y criminalmente  a esa segunda película, la del Estado que funciona, la del ejército que está para algo más que los desfiles, la de un país que se toma en serio la vida de sus ciudadanos cuando el agua se los quiere llevar por delante.

8. Conclusión: la verdadera “conspiración” está a la vista

Podemos pasar años discutiendo si la Gota Fría del 29-O fue un fenómeno puramente natural o si alguien, en algún lugar, jugó con la atmósfera. Con los datos actuales, no se puede demostrar una manipulación concreta sobre Valencia.

Pero la otra conspiración, la que de verdad mata, es perfectamente visible:

• La de unas leyes “verdes” aplicadas sin sentido común, que impiden mantener cauces limpios allí donde hay vidas y propiedades en juego.
• La de una política hidráulica que devuelve fondos, no ejecuta presas y presume de demoler azudes, mientras se llena la boca con “resiliencia”.
• La de un sistema de Protección Civil y Seguridad Nacional que, aun teniendo herramientas legales para coordinar todo el país, decide no usarlas y deja el marrón a administraciones desbordadas.
• La de unas ayudas agrarias que llegan tarde, mal y baratas, y que de facto convierten a muchos agricultores en donantes forzosos de su tierra al dominio público hidráulico.

La Gota Fría de Valencia fue una tragedia meteorológica. Pero la catástrofe humana fue, sobre todo, el resultado de decisiones humanas:

• las que durante décadas no hicieron las obras necesarias,
• las que llenaron de cañas los cauces,
• las que priorizaron la estética “verde” sobre la seguridad,
• y las que el 29 de octubre de 2024 miraron más a los equilibrios políticos que al interés de los ciudadanos.

Ese es el debate que falta: cambio de leyes, prioridades, presupuestos, obras hidráulicas y declarar la Emergencia Nacional cuando sea necesario,  para que nunca más una Gota Fría vuelva a pillar a los valencianos —y a los agricultores, los primeros— con las defensas bajadas. Desgraciadamente nada de lo expuesto se está corrigiendo y por tanto ante una tormenta parecida todo se volvería a repetir.

 

Imagen 1: creada por chatgpt (IA) – composición de Verónica R.

Lean este artículo en su formato original