La Generalitat aprobó el pasado 27 de mayo la licitación de cuatro residencias de mayores, dos en la provincia de Alicante y dos en la provincia de Valencia: ninguna en la provincia de Castellón. Parece que no tener Centro de Día ha sido decisivo para ser las primeras: penosa prioridad. La contratación se realizará por procedimiento abierto y tramitación urgente, considerando que es un servicio esencial y para evitar cualquier interrupción en la atención a los residentes. El contrato entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. Todo ello para cuatro residencias ¿y el resto?

Un servicio esencial reiteradamente castigado y a las puertas del verano: se enfatiza lo evidente, el retraso injusto. Quedan pendientes 30 residencias, que Susana Camarero ha garantizado que se licitarán tras la aprobación de los nuevos Presupuestos de la Generalitat. Se aprobaron ya el 28 de mayo. Urge que se liciten ya, en junio, para no prolongar la injusticia, dar oxígeno ya ahora y que entren en vigor cuanto antes.

Que se licite cuatro residencias es un arma de doble filo: transmite el mensaje de que pueden licitarse pronto las restantes residencias, pero también la duda de si será un “caramelo” para callar a las demás, vistos los retrasos acumulados. Son más de 3.000 trabajadores en tensión máxima desde hace años, con salarios congelados, con fugas laborales permanentes por unos salarios muy bajos, y ahora con evidentes dificultades para cubrir en verano las ausencias por vacaciones: las familias lo ven, y sufren.

Se trata de residencias públicas concertadas que, como reconoció Susana Camarero el 29 de abril de 2024, están en enriquecimiento injusto, es decir con contrato caducado, y afirmó que el Gobierno valenciano licitaría de manera inmediata esa gestión. Hubo un silencio de meses y, en enero de 2025, se dijo que en el primer trimestre de 2025 se licitaría la gestión. Promesa tras promesa, retraso tras retraso. 

La consellera de Servicios Sociales, portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha calificado estas licitaciones como un avance en el “compromiso social”: contrato con una duración inicial de tres años, que puede ser prorrogado hasta un máximo de dos años adicionales, alcanzando un valor estimado de 56 millones de euros. Ha reconocido que se trata de “garantizar cuidados dignos y proteger a quienes más lo necesitan” con un sistema residencial más humano y profesionalizado. Los más necesitados gritarían, si pudieran: yo solo quiero ser la voz de los débiles, y de quienes no pueden hacer huelga y desatenderles.