El problema se va agrandando con los años: faltan residencias de mayores y las que hay son caras para un bolsillo más que pequeño entre los mayores. En Castellón, en la Comunidad Valenciana y en España. Cada vez es más complejo resolver este problema.

Hace unas semanas, un matrimonio que reside ahora en Brasil tras unos años viviendo en España me planteó que se querían venir a vivir a España, con sus dos hijas. Tienen una abuela para la que es precisa una residencia. Me preguntaron cuánto cuesta en Castellón, y al decirles que entre 2.000 y 2.500 euros han desistido. Les expliqué que eso es una residencia privada, porque si tiene reconocida la Dependencia en Grado II o III la Generalitat complementa lo que haga falta en residencias públicas, públicas concertadas o plazas concertadas, pero que hay lista de espera, a veces de un año.

El envejecimiento de la población aumenta. Las pensiones de los mayores son bajas. Los hijos tienen sueldos mileuristas. Aumentan los mayores de 65 años que viven solos: unos lo prefieren, pero otros irían encantados a una residencia, si pudieran pagársela. Es muy dura la soledad con 80 años, limitaciones físicas, temores, caídas.

Un reciente informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales señala que la Comunidad Valenciana necesita 26.929 plazas más en residencias de mayores para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años. Solo Andalucía tiene un déficit mayor, 36.327 plazas: son 3 millones de habitantes más.

Hay 5 comunidades autónomas que tienen superávit de plazas, y con precios más asequibles: por ejemplo, Aragón y Castilla-La Mancha, por proximidad geográfica. Conozco una familia que ha dejado la residencia en Castellón y ha ido a Teruel: lógico.

Un dato patético de la Comunidad Valenciana: solo ha aumentado en 1.162 plazas en los últimos 15 años, hasta alcanzar las 28.834 actuales. Pero más sangrante es que tenemos una ocupación bajísima de las plazas, solo el 61,3%, 20 puntos inferior a la media nacional. Tercera región con más plazas no ocupadas. Y se señalan dos causas evidentes: el elevado coste y la inadecuada distribución geográfica de las plazas.

Dependientes que fallecen antes de acceder a una plaza. Decenas de miles esperando que se estudie su posible- más que posible – Dependencia grado II o grado III. La nueva consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha adquirido compromisos. Duele recordar el legado nefasto de Mónica Oltra y Aitana Mas. Los políticos viven en el “hoy”, falta planificar e informar periódicamente: ojalá Elena Albalat lo mejore.