Han pasado dos meses del devastador incendio forestal originado en la Vall d’Uixó, que se fue extendiendo a municipios cercanos y provocó miles de evacuaciones de vecinos.

Se descartaron causas naturales, a pesar de las elevadas temperaturas. Apuntaba a una responsabilidad humana, con vecinos que habían visto salir corriendo del lugar donde se originó el incendio a una persona, con varios focos iniciales, con algún intento en el mismo lugar unos días antes. Incluso había un video de un individuo que salió corriendo del lugar donde empezó el incendio. ¿Hay retrato-robot?

Al cabo de unos días, el Seprona de la Guardia Civil, organismo que llevaba la investigación, nos dijo que se había provocado por el “método del mecherazo”, es decir, con un mechero. Marta Barrachina, presidenta de la Diputación, afirmó que “se va demostrando lo que era evidente”, y que “el responsable ha de pagar”.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, no confirmaba la hipótesis del “mecherazo”, aunque coincidía en que el fuego fue provocado, con dos focos en un espacio cercano. Se seguía investigando.

Minutos antes de iniciarse el grave incendio, los Bomberos de la Diputación habían apagado un fuego similar a pocos metros.

Salvo error por mi parte, en estos meses no se ha vuelto a informar de la causa del incendio, cómo ha evolucionado la investigación, si se ha detenido a alguien. No es de recibo que, apagado el incendio, parezca que a la opinión pública no le interesa el estado de las investigaciones.

Tenemos el derecho a que se nos informe. Sea cual sea el estado de la investigación. Los incendios se apagan cuando se extinguen y, si hay responsables, cuando se identifican y castigan.

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, debería tomar la iniciativa para que se aclare la causa del incendio. ¡Dos meses de silencio! Si es para decirnos que parece que fue intencionado pero no se ha logrado localizar al delincuente, que se nos diga. Sea como fuere, tenemos el derecho a saber algo más ahora.

No solo los ciudadanos tenemos responsabilidades. También las instituciones y los servicios públicos tienen deberes, en primer lugar porque los pagamos entre todos. Es compatible, en mi opinión, con la prudencia en las investigaciones que se nos diga cuál es la situación actual de la investigación. Y si a veces hay lentitud o dejadez, saberlo.