En repetidas encuestas –y no solamente en España- los políticos suelen aparecer como la clase más denostada y que más preocupa al ciudadano medio. Los escándalos económicos protagonizados por esta casta son frecuentes. En algunos casos, por desgracia, tienen demasiada prisa por hacerse ricos.

Junto a esta evidencia –triste evidencia- sería injusto generalizar el mismo rechazo a todos los políticos. La honrada ambición, como nos enseñaban en las clases de moral militar, es noble, justa, útil y necesaria. Ahí se encuentra una de las claves del progreso de la humanidad.

El turismo es la primera industria nacional y se merece un cuidado y esmero equivalentes. Muchos puestos de trabajo dependen de este sector, y los ingresos que genera en comercios, bares, restaurantes, grandes superficies y parques temáticos no pueden ponerse en riesgo y, mucho menos, demonizar la actividad turística. Arran dice que no está contra el turismo, sino contra un turismo capitalista: ellos mismos reconocen que son turistas, y por lo que parece adinerados, por lo que hay que cuestionar no pocos factores en los ataques que Arran, con el apoyo expreso de la CUP, y uno de ellos es la proximidad del ilegal referéndum del 1-O. Quien crea en las casualidades, que siga creyéndolo, yo más bien afirmo que es una campaña orquestada en estos momentos tan graves en Cataluña. Lógicamente, arremeten contra todo tipo de turistas, también los españoles.

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), que preside Vicente Morro, emitió un comunicado el pasado lunes 31 de julio pidiendo la dimisión de todo el equipo directivo de la Consellería de Educación, y desde luego hay motivos para ello. O dicho de otro modo, cabría preguntarse qué tendría que ocurrir para que no se pida su dimisión, porque efectivamente ha logrado generar un caos y una confusión insólitos, tal como afirma FCAPA, con una actitud contumaz y recalcitrante.

Las decisiones tomadas por la Consellería en materia de conciertos y sobre el famoso decreto plurilingüe educativo están siendo el núcleo de ese caos, caracterizado por la falta de diálogo previo, la ocultación, la tergiversación, la insumisión a la sentencias de los jueces. Conciertos denegados que son revocados por la justicia, discriminación por el decreto plurilingüe que también la justicia ha señalado, así como la suspensión cautelar del decreto Marzà.

Durante este verano he tenido ocasión de hablar y de tertuliar con muchos amigos residentes en Cataluña, originarios de Calamocha, que siempre regresan a sus lares durante el breve periodo estival, huyendo de los calores y a bailarles al santo patrón san Roque, aquel aristócrata natural de Montpelier. Nos dice la historia que no la leyenda- que aquel santo varón se especializó en la lucha contra la peste sin haber pasado por ninguna facultad de medicina. Cosas extrañas de la voluntad de Dios, a veces incomprensibles para la simple razón humana.

Mariano Rajoy ha dicho que, pasado el referéndum ilegal del 1-O, hay que recuperar la normalidad en Cataluña. Espero que lo diga sinceramente.

No va a ser cuestión inmediata que Cataluña vuelva a la normalidad, porque hay un clima de enfrentamiento, crispación y agravios con motivo de la independencia que requiere una planificación auténtica, por parte de todos los sectores que ven una barbaridad jurídica, política, económica y social el intento independentista.

Si la Generalitat quiere la independencia, el municipio tarraconense de Batea quiere separarse de Cataluña y pertenecer a Aragón, que está muy próximo geográficamente. El alcalde, que gobierna con mayoría absoluta, ya ha iniciado los trámites ante la Subdelegación del Gobierno, para ver cómo convocar un referéndum con esa finalidad.

Una persona normal; una persona corriente siente asco y repugnancia por la corrupción, sea ésta del tipo que fuere, venga de donde venga. Le incomoda el ladrón de guante blanco. Puede producirle vómitos y asco. Pero, en todo caso, la corrupción se combate con unos buenos principios éticos, con un buen sistema policial y con unos jueces profesionales e imparciales que apliquen unas leyes justas. Especialmente, de una manera general, con una prensa libre, vigilante e imparcial. Llegados a este punto, en mi opinión, en la situación en la que nos encontramos hay que darles matrícula de honor a nuestros jueces, a nuestros policías y a los periodistas que trabajan con un sano y objetivo criterio de la información.